Colapso en la carretera

Ya sabemos cómo solucionará el gobierno ZP el problema del colapso circulatorio en las carreteras: llevando ante los tribunales a los automovilistas que rebasen los límites de velocidad o la tasa permitida de alcoholemia. En pocos días han detenido a más de 200 conductores que pisaron a fondo el acelerador. Los juicios se verán por la vía rápida, trasladando la velocidad del asfalto a los trámites judiciales que, por otro lado, acusan también un considerable atasco. De hecho ha sido tal la celeridad que ya se ha visto la primera causa de esta renovada campaña de tráfico sustentada en una reciente modificación del código penal y aunque ignoramos cual fue el exceso quilométrico del conductor temerario probado por los agentes del orden, sí conocemos en cambio la sanción aplicada: una multa de 720 €.

Recientemente un portavoz del RACE declaró en un espacio informativo de TV que la nueva normativa, si se aplica a rajatabla, supondría el ingreso en prisión de miles de conductores con arreglo a la tipificación como delito de determinadas infracciones al código de circulación. Asistiríamos en ese caso a una mudanza o transferencia del colapso, en un primero movimiento, de la red viaria a los juzgados, hasta el techo de legajos y denuncias, y luego, con sentencias condenatorias, de éstos al ámbito penitenciario que registraría al punto un aumento exponencial de la población reclusa.
La previsible masificación en las celdas aconsejará, cómo no, la puesta a punto de nuevas cárceles que, burla burlando, favorecerá a su vez la revitalización de la obra pública, hoy bajo sospecha por culpa de las múltiples incidencias registradas en el trazado del AVE -habilidosamente gestionado por la dicharachera ministro/a de Fomento- y un incremento de las contrataciones en el sector de la construcción amenazado por la saturación y enfriamiento del mercado inmobiliario.
Asimismo la licitación de nuevas cárceles permitirá a la clase política con mando en plaza garantizarse en su provecho una nueva hornada de comisiones, aforadas de tapadillo -transacción mercantil que rara vez padece los perniciosos efectos de la recesión económica- al 3% o al 20%, a pagar en metálico, en maletines de doble fondo y en el apacible recinto de un camposanto ante la escultura funeraria de un ángel marmóreo, a la manera catalana, a pesar de los ímprobos esfuerzos del Colegio de Periodistas de Cataluña por silenciar tan complejo y escandaloso operativo, a cuyo lado el ladrillazo de Marbella es una verbena popular, y no obstaculizar en su día, por patriotismo remunerado, el proceso de reforma estatutaria. O ese solemne procedimiento que garantiza in aeterno la silente complicidad de los testigos o mediante depósito en una cuenta bancaria en Suiza, conforme al mecanismo pactado entre el régimen chavista y el gobierno ZP por la entrega a la armada bolivariana de una fragata botada en astilleros españoles, gestión atada en su día por el entonces ministro de Defensa, señor Bono, rebosante siempre de inflamado ardor patrio, como sus compañeros de partido Pedro Zerolo y Odón Elorza, autorizado éste, días atrás, por un magistrado a incumplir la Ley de Banderas, conforme a los alegres y dispersos criterios de la judicatura española… ese bloque granítico, ese inexpugnable muro de contención que blinda admirablemente el estado de derecho.

Pero esta innovadora medida concerniente a la circulación quedaría coja, no tendría razón de ser, si, paralelamente, no se articula un ambicioso plan para descongestionar el tráfico urbano en las principales capitales del país. Una vez más, el consistorio de la ciudad de Barcelona se sitúa por méritos propios en vanguardia a nivel continental… -¿Qué digo continental?... ¡Planetario!-… de las más ocurrentes iniciativas y presupuesta una generosa batería de gratificaciones para que los operarios del servicio municipal de grúas, subcontratado a empresas particulares, trabajen a destajo, aumenten su productividad y retiren de la calzada el mayor número posible de vehículos estacionados inadecuadamente. La cuantía de la recompensa variará en función de determinadas tabulaciones geográficas, de tal modo que los automóviles requisados, cierto que temporalmente, en un distrito que registre una mayor congestión de tráfico generarán más jugosos devengos para los operarios en plantilla.

La jugada es redonda: más automóviles interceptados y menos circulando. Un tráfico más contenido, sostenible o pacificado, como dicen con cierta cursilería los responsables municipales de área, y cierta disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. Eso sí, los laboriosos operarios de la grúa habrán de andarse con ojo y revisar concienzudamente el interior de los vehículos confiscados no vaya a ser que carguen en el remolque, como sucedió meses atrás en Badalona (¿O fue en Mataró?), un turismo con un fiambre dentro que permanezca allí el pobre, insepulto y muerto de risa en el depósito por espacio de unos días. ¿Recuerdan aquella macabra anécdota?