Maltratador lingüístico

Esta bitácora contiene al final sendas cartas que Tolerancio ha enviado por correo postal al maltratador lingüístico Miquel Coll, director del colegió público Mestre Guillemet de Santa Eugenia, Mallorca, y a su superior, la consejera de Educación del gobierno regional de Baleares, Bárbara Galmés. Tolerancio autoriza a cualquier persona interesada a reproducir íntegramente los textos, por el procedimiento corta y pega, y remitirlos a sujeto y sujeta (si añaden algo de su peculio procuren que no sea materia querellable, aunque sí moderadamente ofensiva… es decir, no vale llamarles patanes o tontosdelhaba, aunque piensen que ambos los son).

Hay varios rasgos, no muchos, que conforman el sustrato, la identidad que llamamos primera o primaria de las personas. Los rasgos son siempre los mismos, pero varía su perfil de unas personas a otras en el ancho mundo. Algunos de esos rasgos son de nacimiento, vienen de fábrica, por así decir, como el sexo: se es hombre o mujer, preferencias sexuales al margen (pues son pocos los casos documentados de hermafroditismo, uno entre un millón). Otro es la pigmentación, el nivel de melanina en la piel, y demás características anatómicas (Arzallus añadiría muy gustosamente el factor Rh negativo del fulmen sanguíneo) que configuran lo que se dio en llamar tipo racial, una terminología de uso común, pero discutible -como el concepto nación aplicado a España, según el divinal ZP- por las imprecisiones que conlleva.
También incluimos algunos factores no conectados con la biología pero sí con la socialización del individuo -que algunos fifís llamarían inputs- como son la religión (normalmente adoptamos la misma de nuestros mayores, aunque no siempre), la ideología política y por supuesto la lengua materna. No son muchos más los factores que integran y explican la personalidad primaria de todo individuo. Hay otros, pero son secundarios.

En algunas personas esos rasgos esenciales están sujetos a transformación en el transcurso de la vida. No son inamovibles. El individuo en su edad adulta, cuando las circunstancias lo permiten y su voluntad así lo decide, puede mudar de religión para adoptar otra o decidir que no profesará ninguna. O de sexo, si la legislación lo contempla allá donde vive y dispone en su medio de la tecnología quirúrgica necesaria. O de ideas, a través del debate enriquecedor y de la reflexión, o su contrario, por una radicalización fanática y una idiotización galopante, a tumba abierta, pero siempre por causa del libre albedrío, de su real y soberana voluntad y sin coacciones de terceros. Algunos de esos cambios, los concernientes a identidad sexual y confesión religiosa, son muy respetables pero estadísticamente poco relevantes.

En los países que podríamos llamar avanzados asistimos desde hace décadas a una creciente sensibilidad que tiende al respeto integral de esos pocos rasgos enumerados con anterioridad por considerarlos inherentes a la persona, pues son los rasgos que configuran su manera de ser en el mundo. Son rasgos que nadie debe menoscabar y que toda legislación civilizada debe respetar y proteger.
Hoy, abril de 2008, y en el concierto de las naciones, son desgraciadamente numerosos los países donde las personas no gozan de total libertad para construir ellas mismas, conforme a sus necesidades, todos esos factores de identificación. En muchos lugares donde no se coarta o cercena el libre ejercicio de uno de esos factores, se coarta o cercena otro. Y uno de esos países es España, pues la actual legislación, los usos políticos y la dinámica social dominantes no toleran el desarrollo integral y en plena libertad del rasgo que constituye o informa la personalidad lingüística de una parte muy significativa de su población.

Nadie aprobará que en España una persona sufra en sus carnes la discriminación racial. Las leyes consideran que dicha discriminación es un acto censurable especialmente odioso, una vulneración de la legislación tipificada como delito. Es decir, cuando un particular o una institución vejan, humillan o agreden a una persona por razón de su raza cometen un delito. Si le impiden el acceso a un establecimiento público o le niegan un empleo por esa causa o condición, que integra y explica fundamental y fundacionalmente su personalidad, nos escandalizamos en justicia, legítima y comprensiblemente. Que a una persona se la margine por ese motivo nos horroriza e insulta. El infractor es denominado racista o discriminador. Estamos ante lo que podríamos llamar un maltrato racial que acarrea sanciones e incluso penas de cárcel.

Cuando se agrede a una mujer por su condición femenina se aplica al autor de ese atropello el poco honorable rango de maltratador. Incluso se ha valorado la posibilidad de elaborar listados, registros informáticos y policiales que incluyan fotografías y datos diversos para tener localizados a esos energúmenos.
Diversas asociaciones civiles, e incluso contingentes especializados de las fuerzas del orden y de la judicatura, velan por la protección, con mejor o peor fortuna, de colectivos determinados cuando son objeto de una discriminación o agresión que dificulta el íntegro desarrollo de su dignidad y personalidad individuales.

Otro rasgo que explica a una persona es su lengua materna, el idioma en que piensa las cosas y habla y se relaciona habitualmente con las demás. Un individuo puede, no obstante, aprender varios idiomas, pero sólo uno de ellos es el idioma que podríamos llamar básico, referencial, con el que construye su propia cosmovisión y que siente como suyo, formando parte de sí mismo. Cuando alguien, o una institución, mediante coacciones o sanciones, somete a restricción la libre expresión de ese idioma, en sus versiones oral o escrita, y, a mayor abundamiento, si es un idioma oficial en el lugar en donde tal conducta coactiva se produce, mutila o cercena un rasgo esencial de la persona sometida a esa restricción. Estaríamos pues ante un caso de maltrato lingüístico, de ablación lingüística.
En algunas regiones de España -Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares- el maltrato lingüístico, a menores especialmente, pero también a adultos, goza del amparo y promoción de parte de las autoridades en diferentes ámbitos competenciales, de la complicidad de una parte considerable del funcionariado, del silencio de los medios de comunicación y también, lo que es más triste, de la anuencia o resignación de la opinión pública. Las modalidades de maltrato lingüístico más evidentes son la negativa a la escolarización de una parte de los alumnos en su lengua materna, cuando es el español, y las multas por rotular comercios en ese mismo idioma.

En conjunto, la sociedad y sus dirigentes reprueban de plano el abuso o maltrato por discriminación racial o de género, ya lo hemos dicho, pero admiten sin escrúpulos el maltrato lingüístico.
Muchos niños no reciben educación académica en su idioma materno, si es el español, que presuntamente goza del rango de oficialidad según la vigente Constitución -ese cuerpo legal que juran, acaso con los dedos cruzados a la espalda, ministros y funcionarios al tomar posesión de su cargo, comprometiéndose a guardarla y hacerla guardar-, creando a los chicos una premeditada disfunción entre uno de esos rasgos capitales que coadyuvan al proceso generador de la personalidad, su personalidad -clave en esa etapa de la vida- y un hecho de principal relevancia como es el aprendizaje de las materias que conforman el saber oficial o normativo, el saber que se imparte en las escuelas, llegando los afectados a la lógica conclusión de que su idioma no es apto o digno para abordar esas materias docentes. Vale para ver en el cine una peli de la factoría Disney, para jugar en el parque, pero no para estudiar matemáticas o la filosofía pre-socrática. Y siendo hablantes de ese idioma académicamente depauperado pueden sospechar que en cierto modo su condición humana también es inferior -o depauperada, de menor calidad- a la de los otros alumnos que sí reciben para sí, y para los demás, toda la docencia en su idioma materno, en un ejemplo evidente de agravio comparativo o desigualdad manifiesta.

Los discriminadores por razón de raza, los racistas, consideran que la raza de algunos es sucia o indigna. Del mismo modo los discriminadores o maltratadores por razón de lengua consideran que la lengua materna de otros es también sucia o indigna, pudiendo trasladar un lacerante sentimiento de culpa al hablante discriminado o criminalizado.

Se desliza, pues, la especie de que uno de los idiomas oficiales, el español, no es válido para la escuela, para la dignísima función de la transmisión académica de conocimiento, siendo excluido del sistema educativo. Las razones que aducen para proscribir el idioma español quienes gestionan ese importantísimo ámbito de socialización en aquellas comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y competencias educativas transferidas, instan a una supuesta e indeseable fractura en la cohesión social… fractura indemostrable y en todo caso falsa, pues muchos adultos de hoy fuimos escolarizados en ambas lenguas y ni hemos provocado esas agoreras fracturas ni menos aún propiciado la creación de guetos fantasmagóricos, amén de otros burdos penseques cuya única finalidad es consolidar un modelo monolingüe irreversible que condena a muchos hablantes a una infravaloración de su propia lengua, a una pérdida de autoestima y a un uso de la misma exclusivamente coloquial o doméstico, en bares y cafeterías, o cuando menos alejado del saber oficial tutelado por las administraciones, que también sufragan mediante cargas impositivas.

Siendo absurda la virtual amenaza de una hipotética fractura social, no debería en todo caso tal posibilidad -insistimos, remota- habilitar la amputación preventiva (preventiva como alguna guerra), apriorística, de un derecho fundamental, como es el uso académico o escolar de la lengua materna, cuando es una lengua oficial. Como no tendría sentido, por ejemplo, multar a alguien, a modo de aviso, por una infracción que no ha cometido aún.

Tampoco se libra el uso escrito del idioma en el ámbito específico de las rotulaciones comerciales, sometido a la amenaza de la multa administrativa. De tal suerte que el propietario del establecimiento se expone a una sanción si opta por su idioma materno, si es el español, o no siéndolo, si considera que es beneficioso para la publicidad de los artículos o servicios que pone a la venta, debiendo renunciar al libre ejercicio de su lingüística voluntad aplicada al mundo de las transacciones comerciales.

La consumación de esta batería de maltratos lingüísticos perpetrados por las instituciones incide negativamente en la promoción profesional de todos los ciudadanos españoles en condiciones de igualdad o en el libre tránsito de los mismos por todo el territorio nacional conociendo las dificultades que hallarán para escolarizar a sus hijos en su lengua materna cuando es el español… circunstancia desconocida, ignorada, en el resto del mundo y que habría de corregir el ministerio de reciente creación muy pomposamente llamado de Igualdad (auxiliado en tan ardua tarea por los futuros ministerios de Libertad, Fraternidad y Solidaridad). Pues no conocemos ejemplo de estado soberano alguno con diversas lenguas (Francia, Italia o Gran Bretaña, por ejemplo) donde la lengua oficial en todo el territorio de la nación esté vetada en las escuelas o reducida a la condición de mera asignatura, como la gimnasia o los talleres de manualidades.

¿Será algún día el no nacionalismo -se pregunta Tolerancio- capaz de poner en circulación una categoría tan fácilmente comprensible para cualquier inteligencia mediana como la de maltrato lingüístico y crear una corriente de opinión favorable a la rectificación de tamaña injusticia que conculca de manera flagrante la libertad de no pocos ciudadanos -no menos de 5 millones- o continuará enmarañado en los juegos florales de la erudición, condenado de por vida a una disidencia minoritaria de conferencia en conferencia? Tolerancio, conociendo el percal, tiene serias dudas al respecto.
La escolarización en español, lengua oficial en todo el territorio nacional, no debería necesitar más argumentos a su favor que la continua, sistemática y monocorde reivindicación de la igualdad de derechos, la libertad y a lo sumo el ejercicio de la patria potestad de los progenitores (A y/o B).

Y ya tenemos un primer trasgresor conocido de esos derechos, cierto que hay más, al rebozo de las sombras, del impersonal manto protector de las administraciones y de los mass-media (como la mayoría del parlamento autónomo de Cataluña, sin ir más lejos)… un primer candidato a inaugurar la nómina, la galería no muy ilustre, pero sí extensa, de castradores, de maltratadores, casi de pederastas lingüísticos: el señor Miquel Coll, director de la escuela pública Mestre Guillemet, de Santa Eugenia, en la isla de Mallorca, que huronea en el patio para averiguar en qué idioma hablan los chicos cuando juegan a la pelota o se turnan en los columpios dispuesto a perpetrar nuevas ablaciones lingüísticas. Con el tiempo dotará su indumentaria de represor civil con un silbato, una porra recauchutada y un brazalete nazi. No sabemos si colocará aparatos de escucha en el baño para ampliar sus pesquisas lingüísticas en tan recogido habitáculo y si recurrirá al castigo físico para corregir a los chicos infractores que, a pesar de sus consignas, continúen hablando en castellano durante el recreo. La consejera de Educación del gobierno balear, señora Galmés, respalda la miserable actuación del malatratador lingüístico Miquel Coll. Pueden, si así lo desean, acudir a la edición del diario El Mundo, 11/04/08. Ahí tienen, brazos en jarras la, por otro lado fea, muy fea cara del maltratador.

Anexo 1. Carta al maltratador lingüístico Miquel Coll.

Sr. (sic) Miquel Coll.
Director del Colegio Mestre Guillemet.
07142 Santa Eugenia (Mallorca/ Baleares).

Enterado de su conducta docente no puedo, ni por educación, encabezar esta carta con un saludo protocolario.

No entiendo cómo pudo usted obtener la condición de funcionario público. Su proyecto lingüístico en el centro que dirige es deplorable. Admira que teniendo un docente tantas cosas que atender se dedique a ir detrás de los chicos a la hora del recreo para husmear en sus conversaciones y controlar en qué idioma hablan entre ellos. Nunca se vio nada semejante. Su conducta es obsesiva y preocupante, por no decir enfermiza o perversa. Sólo le falta colocar micrófonos en el baño y permanecer a la escucha babeando copiosamente, loco por captar entre ruidos corporales, fonemas clandestinos.

Su conducta raya la persecución, la discriminación de los chicos en virtud del idioma que hablan, pues les impide el libre desarrollo de su personalidad y a semejante proyecto docente no le cabe otro calificativo que maltrato lingüístico. Aterra pensar qué hará usted, qué medida creerá apropiada y proporcionada para corregir a los chicos que, a pesar de todo, sigan hablando con naturalidad en castellano durante el recreo o por los pasillos. ¿Ha contemplado la posibilidad de someterlos a castigos físicos?
A usted y a su equipo docente les cuadraría a las mil maravillas, para sus tareas de vigilancia idiomática, un uniforme de celador con gorra de visera, pantalones bombacho, botas de caña alta, brazalete, silbato y porra recauchutada.

Lo mejor que le puede pasar al alumnado a su cargo es que a usted le releven de sus funciones con la mayor prontitud.

Tolerancio
Barcelona, a 16 de abril de 2008.

Anexo 2.- Carta a la señora Bárbara Galmés. Gobierno balear.

Sra. Bárbara Galmés Chicón.
Consejería de Educación y Cultura del gobierno balear.
C/ Del capità Salom, nº 20, 4º bloque C.
07004 Palma de Mallorca (Baleares).

¿Es cierto que respalda la actuación del señor Miquel Coll, director de la escuela Mestre Guillemet de la localidad de Santa Eugenia?

Causa sonrojo que a los excesos de ese individuo interesado en huronear en las conversaciones de los escolares para averiguar en qué idioma hablan entre ellos durante el recreo, no teniendo, a lo que se ve, cosas más importantes de qué ocuparse, no siga la inmediata cancelación de un supuesto plan docente que no es otra cosa que un evidente caso de maltrato lingüístico escolar, un abuso incalificable que impide el libre desarrollo de la personalidad de los alumnos y que nos recuerda los peores modos del franquismo.

Solo le falta a usted autorizar la colocación de aparatos de escucha en los servicios y amparar castigos físicos para aquellos escolares que, a pesar de las vergonzosas recomendaciones del señor Coll, continúen expresándose en castellano, clandestinamente, a la hora del recreo.

No hay saludo para usted. No lo merece.

Tolerancio.
Barcelona, a 16 de abril e 2008.