Estudiar en español es un derecho, no un delito (I)

Tolerancio se hace las siguientes preguntas:

¿Será el no nacionalismo capaz de articular un nuevo discurso, sin descuidar argumentos técnicos y pedagógicos, para avalar la justa, lógica e irrenunciable pretensión de recuperar la educación escolar en lengua materna, cuando es el español, en aquellas regiones con cooficialidad idiomática, competencias educativas transferidas y donde ha sido abolida o entorpecida por una legislación aberrante auspiciada por el nacionalismo o, por contagio del mismo, por imbecilizados caciques locales del PP -Galicia, Valencia y Baleares-, silenciada por la mayoría de los medios de comunicación y aceptada socialmente gracias a la desidia de una buena parte de la ciudadanía anestesiada por frivolidades varias y distintos avatares del universo Chiki-chiki?

¿Será el no nacionalismo capaz de promover -no decimos lograr, sino solo promover- sin complejos la restitución de la igualdad de todos los ciudadanos españoles -menoscabada por esa delirante exclusión que afecta a uno de los rasgos esenciales del individuo como es su lengua- apelando de manera directa e inequívoca al mondo y lirondo ejercicio de la libre voluntad?

Sabido que el nacionalismo es un fenómeno anti-intelectual, apegado a instancias emocionales, viscerales, pre-lógicas, a ese ámbito primitivo del cerebro que añora las empatías tribales, la idolatría totémica a través de la reinvención mítica y las conductas tabuadas, la reacción no nacionalista es preferentemente intelectual. Y esa es su grandeza, pero también uno de sus principales obstáculos para su difusión, pues el nivel del colectivo (Chiki-chiki) no es demasiado alentador, esquivo e indócil a la asimilación de argumentos elaborados con una pizca de profundidad y coherencia.

La tarea no es fácil. Para muestra un botón:

El presidente del gobierno de la nación -de naciones- que habría de velar por el cumplimiento a rajatabla del inalienable principio constitucional de la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos españoles, afirma sin embozo en comparecencia parlamentaria que en Cataluña no hay ningún problema con la educación escolar en castellano (como no lo hay en Irán con la homosexualidad, según declaraciones de Ahmedineyad, y con razón, pues todos los agentes activos -o pasivos- del supuesto problema acaban en la horca), que no hay rastro de conflicto o desajuste lingüístico, que la convivencia es ejemplar (la gente casi se da de filetazos por la calle) y además está encantado con las multas que impone la administración del sonderkommando Montilla por rotular comercios en español, como se desprende de sus recientes declaraciones a la cadena SER (07/03/2008). Un panorama idílico que no quieren ver, ni disfrutar, cuatro inadaptados no nacionalistas que precisan asistencia psiquiátrica y que son, con toda probabilidad, los mismos zotes y desalmados que confunden aportaciones puntuales de agua con trasvases fluviales.

¿Será el no nacionalismo capaz de poner en circulación categorías tan fácilmente comprensibles para cualquier inteligencia mediana como las de maltrato lingüístico/ ablación o castración lingüística y crear una corriente de opinión favorable a la rectificación de tan flagrante injusticia que conculca la libertad de los individuos o continuará enmarañado en los juegos florales de la erudición, condenado de por vida a una disidencia minoritaria? Tolerancio, conociendo el paño, tiene serias dudas.

La escolarización en español, lengua oficial en todo el territorio de la nación, no debería necesitar más argumentos a su favor que la continua e insistente reivindicación, hasta el aburrimiento, de la igualdad de derechos, la libertad y el ejercicio paterno de la patria potestad consagrado por el Código Civil sin entrar al trapo de disquisiciones sociológicas pretendidamente comprobadas por expertos apaniguados al servicio de las políticas excluyentes que invocan tsunamis o previsibles fracturas en la cohesión social y que podrían generar algo así como guetos lingüísticos… guetos como el de Varsovia.

Ante los subterfugios de los nacionalistas y las proclamas de quienes toleran sus políticas, por convicción o por una mera cuestión de utilidad parlamentaria para conformar mayorías, el no nacionalismo debe aceptar el desafío, ya lo hace, es cierto, y contender en el ámbito de la polémica, sin rehuir el cuerpo a cuerpo de la formulación teórica más exquisita, pero proponiendo un nuevo debate, un nuevo discurso o lenguaje, situándolo en las coordenadas concretas de categorías como la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales, desoyendo los cantos de sirena de la competencia lingüística de los escolares, su aprovechamiento académico o aprendizaje evaluable, aspectos que no dejan de tener su interés, desde luego, y que pueden suponer más munición para reforzar posiciones (datos de fracaso escolar, degradación de la calidad de la enseñanza según se desprende del famoso informe Pisa), pero ése es el trapo que tiende el nacionalismo porque el territorio donde se siente más cómodo es en el farfolleo y la hojarasca, y por esa sola razón no habría que acudir al quite sistemáticamente.
Es más, podrían ser los alumnos castellanohablantes, con el idioma español como lengua materna o familiar, los más competentes del mundo en todas las materias conocidas -álgebra, química, ciencias naturales, saberse de memoria las sagas nórdicas mejor que el alumnado finés, como quien sabe de carrerilla la alineación del equipo de fútbol de sus amores- en el actual escenario de inmersión lingüística en catalán, pero ni siquiera ese dato de sapiencia supina reduciría o atenuaría un ápice la flagrante injusticia de la que es víctima un colectivo numeroso de ciudadanos españoles en su propio país: la mutilación académica, docente, de su idioma.

Pero procedamos a desglosar una por una cuantas afirmaciones manejan nacionalistas, su sonderkommandía y otros cómplices, para negar el derecho elemental a la escolarización en lengua materna, cuando ésta es el español.

1.- Todos los chicos acaban sabiéndolo. Más o menos, ésa es la verdad. Como acaban sabiendo el nombre de los jugadores más importantes del Liverpool, algunos de los éxitos musicales de la temporada, la letra del Chiki-chiki o el cómputo semanal de pollas mamadas por la casquivana y exuberante Paris Hilton… sólo que ninguna de esas materias integran los contenidos académicos de los planes de estudio.
Las pruebas de selectividad lo demuestran con su elevada exigencia en la asignatura de lengua española (solicitando a los examinandos que señalen en un texto de tres líneas, no más, los sustantivos alusivos a especies animales o las palabras esdrújulas)… certificando así ante los incrédulos fracturantes de la cohesión social que el nivel de asimilación y conocimiento de lengua española de la mayoría de los escolares catalanes es superior incluso al nivel de conocimiento de catalán, siendo el examen de esta última materia infinitamente más difícil y tomando ese dato inducido, artificioso y pre-fabricado como prueba de cargo para exigir una presión mayor de la inmersión monolingüe.

Hay muchas cosas que aprenden los escolares sin la tutela del personal docente o sin su necesaria inclusión en los planes de estudio conforme avanza su proceso de maduración o de uso de razón, pero no por ello son excluidas, como sí lo es la enseñanza en castellano, de la enseñanza obligatoria: como la sexualidad, elementales nociones de circulación viaria y otras. Cosas que también acaban sabiendo. Pero no se trata de que su competencia como hablantes coloquiales de español, aptos para manejarse con agilidad en una conversación en la cafetería, sea aceptable sino de que reciban de una vez las materias escolares en su idioma materno pues es digno de estar presente en las aulas… es un idioma oficial, uno de los más potentes del mundo, por otra parte, aunque eso nada aporta al derecho menoscabado por las políticas lingüísticas, pues podría ser el español un idioma sin peso específico en el concierto de las naciones, inferior en hablantes y producción literaria al tagalo o al cárpata reduplicado (que no existe) y su derecho a la dignidad académica sería exactamente el mismo y su exclusión premeditada una afrenta a la autoestima del colectivo de escolares castellanohablantes, y también de sus mayores, que viven con frustración y enojo -cierto que no todos, pues de esclavos, asimilados agradecidos e idiotas está el mundo lleno- que el idioma que hablan en casa, en casa se queda. Y el confinamiento de ese idioma en tareas subalternas, desterrado del ámbito docente, es un acto de maltrato lingüístico, un ejemplo de devaluación, de castración lingüística.

2.- Las leyes de inmersión lingüística, así como las multas por rotular los comercios en español, han sido aprobadas por una mayoría legítima y hay que respetarlas. Cuando las leyes no obedecen a principios de justicia y consagran el menoscabo de derechos individuales y colectivos hay que obedecerlas o respetarlas lo menos posible. Es más, es una exigencia cívica desobedecerlas, y hacer cuanto se deba y pueda por cambiarlas a la mayor brevedad.
Si las leyes se respetaran siempre por el hecho de serlo aún no se habría abolido la esclavitud y continuaría vigente el derecho de pernada o prima nocte que servía a los señores feudales para beneficiarse por la patilla a las plebeyas de buen ver que contraían nupcias.

Muy recientemente hemos comprobado en una entrevista concedida por ZP a la cadena SER, antes de las últimas elecciones, que el interfecto es partidario, lo dijo sin ambages, del derecho a pernada lingüística del nacionalismo -el nacionalismo confeso y el nacionalismo sonderkommando a lo Montilla- en lo tocante a rotulación comercial en español. Es la ley que hay, dijo. También, por haber, hay explotación laboral infantil y se debe combatir sin descanso, modificando las leyes que permiten esa práctica abusiva.
Cierto que para cambiar una ley es aconsejable la existencia de una corriente de opinión favorable, sino mayoritaria, significativa, una presión social que faculte esa mudanza legal, y lo triste es que esa presión no existe respecto de la materia que nos ocupa, o es irrelevante periodística y políticamente. Pero también es cierto que de oficio, los equipos gubernamentales pueden promulgar leyes para restañar o corregir situaciones de marginación o desigualdad manifiestas, desafueros varios, pues gozan de potestad para ello. Es una de sus atribuciones en un Estado de Derecho.

Tolerancio no recuerda haber visto barricadas en la calle para exigir el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio o adoptar hijos, pero el providente gobierno ZP, sensible a las inquietudes de la ciudadanía, aprobó esa ley para satisfacer las legítimas aspiraciones de ese colectivo, entre otras razones, porque la nueva disposición legal, se nos dijo, aportaría felicidad a las personas afectadas. Felicidad que Tolerancio celebra y comparte.
Por otro lado si la existencia de una ley en vigor, no derogada, obliga a su cumplimiento, y nada se puede hacer por evitarlo, es decir, desobedecerla o no acatarla, como la jodida ley de las multas rotulantes, no sabemos a qué espera el gabinete ZP para obligar a todos los ayuntamientos españoles sin excepción, empezando por aquellos que gobierna el partido que sustenta al mismo a nivel nacional, a cumplir a rajatabla la ley de banderas, esa ley que al ministro Bermejo le parece tan difícil respetar en su integridad conforme al principio jurídico instaurado por él y que en una ocasión bautizamos como fatalismo legal vexilológico.

Las leyes, cuando son injustas y atropellan flagrantemente los derechos fundamentales de las personas, se cambian, e incluso se desobedecen, qué caramba. Lo de la obediencia debida siempre anda en boca de los verdugos que en dictaduras y regímenes despiadados perpetran las atrocidades que les encomiendan sus superiores en la escala del mando. La excusa de la obediencia debida servirá para salvar el pellejo, pero no la cara, pues éticamente no cuela. A mayor abundamiento, y no siendo el nuestro y actual un régimen homicida, donde no te fusilan por desobedecer una ley, aunque no exento de refinados métodos de presión, es factible, por dignidad -no decimos que no arrostre peligros y complicaciones-, afrontar expedientes o sanciones por lidiar y esquivar con cintura algunas órdenes que presumimos lesivas para otros y dañinas para nuestra dignidad.

Si la ley hay que dejarla como está porque es ley viviríamos una suerte de movimiento legal cero, con el tiempo congelado, a la manera de las paradojas parmenídeas o de Zenón el eleata, anclados en el inmovilismo legislativo desde tiempos de Maricastaña y no habría caso para reformas legales estatutarias, constitucionales, ni de ningún otro tipo y los homosexuales no podrían casarse hoy, pues la ley anterior lo impedía.

Y aquí dejamos esta bitácora-río por su desmesurada extensión, pero que completaremos en breve con una segunda tanda de tópicos e inexactitudes que enturbian y siembran la confusión para evitar, que es lo que pretende el nacionalismo, el verdadero debate lingüístico que los no nacionalistas debemos ceñir exclusivamente al ámbito del libre ejercicio de la voluntad, de una voluntad irrenunciable, esté o no reñida con el marco legal vigente. Una confusión diseñada al milímetro y que procuraremos desenmascarar.