martes, 28 de agosto de 2007

La Paeria



Desde la isla de La Gomera


La Paeria de Lérida gobernada por el PSC, el partido del kameraden polizei José Montilla, pretende que el conocimiento del catalán sea obligatorio. Por la noticia publicada el 23/08/07 en el diario El Mundo se entiende -es un decir, pues no se entiende en absoluto, pero ésa es otra cuestión- que la obligatoriedad de su conocimiento, no sabemos si oral y/o escrito, si escrito con un máximo de una falta de ortografía por cada 100 palabras, e incluso gestual para ilerdenses sordomudos, pues ya se ha elaborado un lenguaje de signos en catalán, afecta exclusivamente a los habitantes empadronados en el citado municipio.
Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza que integrará la Carta Municipal destinarán, suponemos, a agentes de la Policía Local para efectuar las pertinentes comprobaciones acerca del nivel idiomático exigido por las autoridades. Se dice muchas veces que las leyes que no pueden cumplirse -o que difícilmente puede hacerse un eficaz seguimiento de su observancia- no tienen sentido, que deben sencillamente omitirse, pues los representantes de los ciudadanos están o deberían estar para otras cosas y no para legislar gilipolleces. Si el habla forma parte de nuestros actos privados, íntimos, nadie debería perder su tiempo y dinero, sobre todo el dinero de otros, en ocuparse de asuntos como ése, salvo, claro es, los marmolillos responsables de dicho gobierno consistorial. No tendría sentido que nadie legislara sobre el protocolo que debemos seguir a la hora de cepillarnos los dientes salvo que destinara efectivos humanos o dispositivos tecnológicos para controlar nuestro hábitos en ámbito tan específico, y aún así seguiría careciendo de sentido por tratarse de una soberana majadería. Pero no nos confundamos, no es lo mismo el habla y el uso que hace el particular que su nivel de conocimiento que sí es un dato objetivo, mensurable, y puede comprobarse presencial o documentalmente mediante mecanismos o agentes evaluadores, además de suponer un filtro o peaje a pagar para aspirar a una deseable promoción social.

Que la inmensa mayoría de los ciudadanos ilerdenses saben catalán es cosa sabida o supuesta, pero elevar a rango de ley u ordenanza la exigencia de esa disponibilidad lingüística es un exceso, además de una mamarrachada. Que sea el PSC, el partido del kapo Montilla, y no CiU o ERC, el promotor de esa iniciativa es un fraude y una vergüenza, aunque no es una sorpresa para Tolerancio. Los sospechosos, a otros ojos, de una adhesión incierta a la causa del esencialismo identitario deben demostrar la pulcritud de su expediente, su certificado de penales, de limpieza de sangre, para ganarse el respeto de la comunidad nacionalista. Por esa y otras razones Montilla acude a una academia intensiva de catalán para obtener el nivel C a correprisa y de paso para que, visitando por sus obligaciones institucionales la ciudad de Lérida, los guripas del lugar no le claven un multazo en cuanto abra el pico o le lleven al cuartelillo para hacerle un examen tipo test sobre pronoms febles o tiempos verbales.

Años atrás, durante la Transición, pizca más o menos, tuvo cierta difusión una cancioncilla que decía A Lleida n’hi ha una presó, petita, bonica, alireta, aliró. Ahora y gracias al PSC toda la ciudad es desde un punto de vista normativo una suerte de cárcel lingüística al aire libre. Habrá quien no se sienta concernido por este severo diagnóstico, pero ya se sabe, incluso en sin-sin hay clases: están los confidentes de los celadores, que no viven mal y gozan de ciertos privilegios, las bandas organizadas y por último los reclusos arrastrados.
Quizá, puestos a ponderar el nivel académico de los ciudadanos ilerdenses, sería preferible examinarles del teorema de Pitágoras o de pintura flamenca del siglo XVII. Tampoco sabemos si extenderán salvoconductos o visados-pernocta para aquellas personas en tránsito que no puedan acreditar el tantas veces invocado nivel C.
Lo que es seguro es que las patrullas a pie de la Policía Local, las temibles Brigadas Queta, habrán de velar por el cumplimiento de la norma y para transmitir sensación de autoridad a la ciudadanía vestirán uniforme negro, pantalones de bombacho y botas de caña alta, casaca negra y gorra de plato con los rayos de las SS en la solapa y brazalete con la amenazadora y siniestra Queta, colmilluda y pronta a asestar un mordisco en la glotis, en lugar de la cruz gamada.

Qué sucederá por último, se pregunta Tolerancio, con los ilerdenses que no den la talla en la materia: ¿Marcharán al destierro? ¿Habrán de cumplir servicios sociales de interés público para redimir sus faltas lingüísticas, como esas estrellas de cine americano que barren un parque tras un episodio de desórdenes públicos o conducción automovilística bajo los efectos del alcohol? ¿Habrán de tomar clases a la fuerza en una academia? ¿Pasearán con algún distintivo por las calles de la ciudad, por ejemplo, con un cucurucho infamante en la cabeza como en tiempos de la Revolución Cultural china? ¿O simplemente los agentes de las Brigadas Queta les meterán la cachiporra por el culo en los sótanos de la Paeria, transformados en siniestras checas lingüísticas, o en la sede local del PSC?



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