El ministrín mallorquín

Luego de la atinadísima apuesta por María de la Pau Janer, Jaime Matas -dirigente del PP balear, el mismo partido de Alberto Fdez Díaz, baluarte y muro de contención, a lo que se ve poroso, contra la incesante marea nacionalista- pierde la mayoría en las islas y el PSOE mallorquín forma gobierno gracias al respaldo de una ensalada variada de partidos y partidillos, entre 5 y 7, no recordamos la cifra exacta, siendo uno de ellos Unió Mallorquina, de Maria Antonia Munar, socia de Matas durante la legislatura anterior y que en ésta ha optado por otras alianzas, ji, ji, ji. La señora Munar le ha dado el salto a Matas y, coquetuela como Imelda Marcos, lucirá sus joyas, zapatitos y complementos para otras galantes miradas.

Hemos sabido que el consejero de Interior, el ministrín que debe velar por la seguridad de las vidas y haciendas de los mallorquines será el señor Lladó, de ERC. A modo de aviso, para dejar las cosas claras, el interfecto juró o prometió el cargo por imperativo legal -sin aludir significativamente a su conciencia y honor- y sin renunciar expresamente a porfiar por la independencia de los llamados países catalanes. Al señor Lladó no se le puede reprochar su sinceridad a la hora de manifestar sin ambages sus verdaderas pretensiones. El nacionalismo, incluso cuando pastelea o cubre su pelaje lobuno con piel de cordero para mejor pasar desapercibido, es inmediatamente comprensible para una inteligencia mediana. Y cuando se duda de sus explicaciones no hace ascos a utilizar los evidentes argumentos del disparo en la nuca y del trilitazo. El nacionalismo, como el algodón del anuncio televisivo, no engaña, salvo que el receptor del mensaje sea rematadamente imbécil y la imbecilidad, en la amplia familia humana, goza de numerosos adeptos. Un servidor el primero, vaya eso por delante.

El señor Lladó está imputado, eso leemos en la prensa, por asalto, en compañía de un intrépido comando de catalanistas mallorquines, a una propiedad del periodista Pedro J. Ramírez, suceso vandálico y delictivo acaecido el verano pasado. Recordamos la foto del diputado de ERC, señor Joan Puig, en bañador, luciendo un tipazo admirable y con el DNI en la boca, vadeando parte de la abrupta costa insular para mejor acceder a la codiciada finca y darse un chapuzón en la piscina y acaso refrescarse el gaznate con un daiquiri servido en la cristalería diseñada por la mismísima Ágatha Ruiz de la Prada.

Hay quién pone el grito en el cielo ¿Cómo es posible que un delincuente, o presunto delincuente, sea nombrado para un cargo público, ése en particular y no algún otro más inocuo como la conservación de la avifauna lacustre o el reglaje de los silbatos para niños, y tenga a sus órdenes a miles de funcionarios que han velar por el estricto cumplimiento de la ley?
Hay que ser prácticos, pero también optimistas y ver el lado positivo de las cosas, si lo hay. En principio es cosa razonable suponer que no hay perfil más apropiado para un cargo como el de ministrín de Interior que el de un hombre recto, honrado, íntegro, insobornable y dispuesto a perseguir sin descanso, sin dar cuartel, a quienes infringen ordenanzas y leyes. Pero es harto improbable dar con un hombre de tan intachables características, pues si no han desaparecido de entre las filas de la humana estirpe, están sin duda en grave riesgo de extinción. Una vez constatada la ausencia de individuos que personifiquen ese tipo humano, no sería mala cosa recurrir, por qué no y aún tratándose de una apuesta imaginativa, y por apuesta, arriesgada, a los servicios de un presunto delincuente de presuntamente contrastadas aptitudes para el crimen presunto, siempre que haya hecho hondo examen de conciencia y propósito de enmienda, pues nadie mejor que un presunto correligionario de los hampones para conocer sus procedimientos, en criminología modus operandi, y anticiparse a sus pérfidos planes, evitarlos o reprimirlos con la fuerza proporcionada.
La suya, siempre que sea en pro de la ciudadanía y no ejercida de una manera sectaria, puede ser una muy notable gestión -eso es seguro- pues pocos como él se manejan presuntamente en los registros de aquellos a quienes debe impedir su ilícito modo de vida. Pero habrá quien diga que no se debe poner a una zorra a vigilar el gallinero. Y con razón.